Los integrantes de la LTS y de Contracorriente
(agrupación estudiantil surgida en 1997) fuimos parte activa del
movimiento desde su inicio, impulsamos las asambleas y los Comités de
Representantes por escuela e integramos los Comités de Huelga junto a
otras agrupaciones estudiantiles y cientos de estudiantes
independientes, fuimos delegados de nuestras escuelas y estuvimos dentro
de los representantes del CGH para asistir al diálogo con la Rectoría,
permanecimos como parte del mismo hasta la ocupación policíaco-militar
de la UNAM, y compartimos la cárcel junto a cientos de huelguistas,
independientes e integrantes de otras corrientes participantes de la
huelga, como orgullosos participes de toda una generación estudiantil.
Hoy, nuevos jóvenes que continúan con la experiencia de lucha de
Contracorriente son parte del movimiento #YoSoy132.
Ayer como hoy, lo que estuvo planteado fue sostener una
perspectiva política para poner en pie una generación de jóvenes y
estudiantes que defienda la educación publica, luche junto a los
trabajadores y enfrente la antidemocracia, la opresión y la opresión del
sistema capitalista, al mismo tiempo que luchamos unitariamente por las
demandas estudiantiles.
El presente texto lo presentamos como un aporte para
comprender un capítulo fundamental en la historia del movimiento
estudiantil, y para coadyuvar al surgimiento de esa nueva generación.
1. El preámbulo de la huelga de fin de siglo
El movimiento que desembocó en la huelga estudiantil más
extensa en la historia de México, inició a mediados de febrero de 1999.
El 15 de ese mes fueron anunciadas en la Gaceta de la UNAM las
modificaciones al Reglamento General de Pagos, con un incremento de
cuotas que, en el caso de las licenciaturas, pasaba de $0.20 anuales a
$2,040. Eso significaba un salto en el proceso de elitización de la
universidad y el fin del importante principio de gratuidad. Este anuncio
acaparó la atención y expectativa de la comunidad universitaria: en
todas las escuelas se hablaba de ello, espontáneamente se comenzaron a
formar reuniones en salones y jardines que se comprometían a ampliar y
masificar el movimiento. De estas asambleas comenzaban a salir
representantes y resolutivos para ir a informar a más compañeros,
involucrar a toda la comunidad, discutir qué hacer, etcétera.
Mientras las autoridades llamaban a respetar los
Consejos Técnicos por escuela, como “única” representación de la
comunidad universitaria, las asambleas estudiantiles cuestionaban la
antidemocracia de los mismos y sus discusiones a puertas cerradas. El
alza de cuotas sería aprobado en esas instancias.
Ante esta medida que era la avanzada de la ofensiva
privatizadora, el 24/2 en el auditorio Che Guevara, se constituyó la
Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU), con la asistencia de 3,000
estudiantes provenientes de 30 escuelas y facultades. En esa reunión se
unificaron argumentos de rechazo a la propuesta de Rectoría y se llamó a
la masificación de las asambleas.
Desde un inicio, la política del rector Barnés fue
avasallar cualquier oposición proveniente de la comunidad universitaria y
desconocer a las asambleas de representantes que llamaban al diálogo.
Llegado el día que se discutiría la propuesta de cuotas en los Consejos
Técnicos por escuela, uno a uno fueron renunciando los consejeros
estudiantes y algunos profesores, que se negaron a ser parte de la farsa
de aprobación del Reglamento General de Pagos (RGP). Muchos abandonaron
las sesiones para integrarse a los multitudinarios mitines que había
fuera de las escuelas.
A mediados de febrero inició una creciente y sostenida
movilización estudiantil. El 25/2 se realizó la primera Marcha de las
Antorchas, con 20,000 asistentes, del Monumento de Álvaro Obregón a
Rectoría.
Haciendo oídos sordos del descontento creciente, el 23/2
se aprobó el RGP en la Comisión de Presupuestos del Consejo
Universitario, que era la siguiente instancia según la Legislación
Universitaria.
El 2 de marzo Barnés no asistió al dialogo convocado por
la Asamblea Universitaria y se redoblaron los brigadeos en las escuelas
y en las calles para informar a la población de lo que sucedía en la
UNAM. A estas alturas el funcionamiento de las asambleas de
representantes era muy dinámico, la politización de la juventud
universitaria había crecido y su desconfianza en las autoridades
universitarias también. Cientos de brigadas estudiantiles comenzaron a
recorrer mercados, transportes, escuelas, sindicatos, al mismo tiempo
que se convocó a una mega movilización en Ciudad Universitaria para el
día en que el Consejo Universitario debía aprobar el RGP.
El 4/3, más de 30,000 estudiantes se movilizaron de
Parque Hundido a CU, exigiendo el retiro de la propuesta de rectoría o
en su defecto se irían a huelga. El 11/3 se realizó en 23 planteles un
paro activo.
El 15/3 fue el día de imposición del RGP, los
estudiantes se enteraron que las autoridades querían sesionar alejados
de la comunidad, violentando el que la misma legislación obliga al
Consejo a reunirse dentro de las instalaciones universitarias. Así
comenzó una literal persecución de los integrantes del Consejo
Universitario, que huían por los sótanos de Rectoría mientras miles de
estudiantes en las islas repudiaban su accionar. Finalmente se “aprobó”
el RGP en el Instituto Nacional de Cardiología, donde se realizó la
sesión. Allí arribaron varios camiones con estudiantes que intentaron
evitar la aprobación, pero en 15 minutos terminó la reunión. Alrededor
de 20,000 estudiantes marcharon desde el Instituto de Cardiología a
Ciudad Universitaria, donde realizaron un mitin de rechazo al alza de
cuotas, denunciando la ilegalidad de haber aprobado el RGP fuera de las
instalaciones universitarias y llamando a discutir las medidas a tomar.
La cerrazón de las autoridades, que no escucharon el
clamor estudiantil, empujó al estallido de la huelga. El 24 de marzo una
nueva acción paralizó 28 planteles: el movimiento estudiantil estaba
determinado a echar atrás el alza de cuotas. Esta contundencia le valió
la enorme simpatía de la población que comenzaba a asistir a sus marchas
y apoyaba económicamente en los brigadeos.
El 15 de abril se realizó la primera Consulta General
Universitaria, organizada por el movimiento estudiantil, donde la
mayoría se manifestó contra la abrogación del RGP. Esto mientras
aparecía lo que fue una constante durante los 9 meses y medio de huelga:
acciones “legales” contra los activistas ante el Tribunal
Universitario, detenciones de estudiantes que realizaban brigadeos,
ataques porriles, amenazas y secuestros. La huelga era inminente: en el
Consejo General de Representantes (antes Asamblea Estudiantil
Universitaria) se resolvió estallarla el 20 de abril a las 00:00 horas.
En las movilizaciones y asambleas se expresaba la firme decisión de
enfrentar la ofensiva del rector Barnés, avalada por el gobierno priista
de Ernesto Zedillo, por las cámaras empresariales y las principales
instituciones del odiado priato.
Dentro del movimiento, en las semanas previas al 20/4
iniciaron las primeras confrontaciones políticas. Los agrupamientos
vinculados con el PRD –el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y la
Red de Estudiantes Universitarios (REU)– intentaron frenar el estallido
de la huelga. Su política era “convencer” a Barnés y al Consejo
Universitario, sea mediante el dialogo o la participación en el Consejo,
así como echar atrás las reformas con la interposición de recursos
legales sobre la inconstitucionalidad del RGP. Sin embargo, todo esto
era impotente ya que el conjunto de las instituciones (universitarias y
extrauniversitarias) avalaban la política de Rectoría y Barnés estaba
decidido a no dar un paso atrás en sus intenciones. De imponerse, la
actuación del CEU y la REU sólo disiparían la energía del movimiento
estudiantil, que en cada manifestación y en cada asamblea mostraba una
gran disposición a la lucha. Se pretendía así que mediante el diálogo se
lograrían las demandas estudiantiles, pero la única forma de imponerlas
era mediante una gran demostración de fuerza: una huelga, basada en un
movimiento estudiantil masivo y organizado desde las bases. Los
estudiantes desconocían el Consejo Universitario y exigían la renuncia
de Barnés, que ya no volverían a convocarlo al diálogo; y se preparaban
para la huelga.
El 18 y 19 de abril todos los planteles de la UNAM
votaban y discutían las últimas medidas para estallar la huelga. Fueron
dos noches de mucha tensión pues los directivos impedirían a toda costa
el cierre de puertas. Los estudiantes realizaron reuniones de seguridad a
puerta cerrada para definir las medidas a tomar en caso de la llegada
de porros, policías y autoridades (fueron las únicas reuniones a puerta
cerrada que avaló el CGH en toda su lucha). Las escuelas periféricas
colocaron barricadas en todas las entradas, cadenas y candados y las
facultades de Ciudad Universitaria se unificaron para bloquear los
accesos a la universidad e intentar cerrar filas en facultades como
Derecho, semillero de priistas y panistas, que llegaban al día siguiente
con las autoridades a reventar la huelga a punta de golpes. La
madrugada del 19 y 20, miles de jóvenes formaban cordones humanos en
todas las escuelas de la UNAM para resistir los aventones de grupos que
formaron las autoridades para intentar ingresar a los planteles. De los
rostros que aparecían al frente en estas acciones, grabadas por las
autoridades, salieron muchos de los cientos de expulsados al término de
la huelga. Las confrontaciones duraron toda la mañana en algunos
planteles y en todos los casos las autoridades terminaron retirándose.
Las cartas estaban echadas: el 19 de abril las escuelas
periféricas estallaron la huelga y el 20 de abril a las 00:00 horas,
después de una sesión del naciente Consejo General de Huelga en el
Auditorio Che Guevara, las banderas rojinegras fueron izadas en Ciudad
Universitaria y en la mayoría de los planteles de la UNAM por una nueva
generación estudiantil que salía con entusiasmo a pelear por sus
demandas.
Si Barnés pensaba que el movimiento se doblegaría ante
su intransigencia y las trampas y maniobras de rectoría, estaba
equivocado. El autoritario priista terminaría cayendo antes de que el
CGH cejara en sus demandas.
2. Los motores profundos de la lucha estudiantil
La irrupción estudiantil –12 años después de la huelga
de 1987– tuvo motores profundos y estructurales, que se articularon con
el encono despertado por la imposición de rectoría.
El movimiento estudiantil no era (ni es) ajeno a los
procesos sociales. Siendo el estudiantado una capa social heterogénea
reclutada en distintas clases de la sociedad, en determinados momentos
históricos la universidad se transforma en una caja de resonancia de las
contradicciones sociales. En 1999, procesos subterráneos recorrían a la
sociedad mexicana. Descontento con la opresión característica de un
régimen político profundamente proimperialista y al servicio de las
grandes transnacionales, cuya expresión más honda y trascendente fue el
alzamiento zapatista de Chiapas. Ansias de libertad y democracia frente a
un decrépito priato, como se hizo notar en las masivas movilizaciones
urbanas de 1988 y en 1994. Todo esto fue contenido por el acuerdo
conocido como la “transición pactada” entre los partidos del Congreso,
mediante el cual se buscaba encauzar el descontento tras la ilusión en
una hipotética autorreforma de las instituciones. En ese contexto social
se dio la huelga, y la reacción de los estudiantes, provenientes en su
gran mayoría de las capas medias y sectores populares, expresó e hizo
propios el hartazgo con décadas de opresión por parte de un decrépito
priato, y la insatisfacción ante una reforma democrática retaceada desde
fines de los años ‘80.
La lucha estudiantil inició como una reacción
generalizada al alza de cuotas. Afirmar que la huelga estalló por la
intransigencia de las autoridades, es correcto, a condición de que no se
reduzca a eso la dinámica del movimiento, quitándole su carácter
político y obviando las tendencias que allí se desplegaron.
Si no, cómo explicar la lucha en defensa de la educación
pública y para todo el pueblo, que llevó adelante el CGH, y que lo
llevó a proponerse mantener la huelga hasta la resolución integra y
efectiva del pliego petitorio de seis puntos, después de que el Consejo
Universitario, a instancias de Francisco Barnés, promulgase un nuevo RGP
que volvía “voluntarias” las cuotas. O las importantes definiciones
políticas –en las cuales nos detendremos más adelante– respecto al
gobierno de Zedillo y el conjunto de los partidos patronales y del
Congreso.
La huelga mostró que los estudiantes universitarios se
adelantaban a la mayoría del movimiento obrero –contenido por sus
direcciones charras– y tomaba la estafeta de la rebelión indígena y
campesina de 1994. Lejos de acotarse a una lucha sólo reivindicativa y
sectorial, la huelga se convirtió en uno de los movimientos políticos
nacionales más importantes de la historia contemporánea de México;
mostrando, a su manera, lo correcto de una antigua definición que afirma
que “cuando la burguesía renuncia consciente y obstinadamente a
resolver los problemas que se derivan de la crisis de la sociedad
burguesa, cuando el proletariado no está aún presto para asumir esta
tarea, son los estudiantes los que ocupan el proscenio.” (1)
Llegados a este punto, hay que decir que también la
experiencia de 1968 mostró estas características. En los años sesenta,
en distintos países del orbe (Argentina, Chile, México, Francia,
Portugal, por ejemplo) surgieron movimientos estudiantiles que fueron
parte de importantes procesos de lucha de clases. Y que expresaban la
radicalización política de las capas medias, tendiendo a confluir con
sectores de los trabajadores y el pueblo pobre. En México, el movimiento
sesentaochero dejó una honda huella en la historia de los explotados y
oprimidos de la nación. Su pliego de demandas cuestionaba un régimen
basado en la antidemocracia y la represión, y le daba voz al sentir de
millones de trabajadores y campesinos. La exigencia de la libertad a los
presos políticos (que volvió a escucharse en las islas de CU el pasado
30/5) tendió un puente entre la juventud del ‘68 y la lucha obrera más
importante de los años previos, los ferrocarrileros y sus presos por
luchar. La influencia que las ideas socialistas ganaba en las asambleas y
el CNH, mostraba la tendencia a orientarse hacia una perspectiva
conscientemente revolucionaria. La simpatía recogida por el Consejo
Nacional de Huelga (CNH) entre el pueblo trabajador, y los movimientos
de insubordinación que se iniciaron entre la clase obrera contra los
charros, mostraba que el movimiento estudiantil acicateaba el profundo
descontento popular. Y que, por eso mismo, era posible la citada
confluencia obrera estudiantil contra el priato; como mostró por ejemplo
el descontento anticharro en el Zócalo el día 28/8. Y la gran
participación de sectores populares en el mitin de Plaza de Tlatelolco
del 2 de octubre. Ello justificó, desde el punto de vista burgués, la
represión criminal de ese día.
En el inicio de la huelga de 1999-2000 no sólo está la
reacción al RGP sino también la oposición a un régimen antidemocrático
basado en la perpetuación de la explotación, la miseria y la pobreza
para la inmensa mayoría de los mexicanos y mexicanas. Esto se expresó en
las movilizaciones y acciones estudiantiles en solidaridad con los
trabajadores, particularmente en torno al Sindicato Mexicano de
Electricistas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación.
3. La democracia directa: el gran “secreto” de la fortaleza de la lucha estudiantil
Desde el inicio del movimiento, los estudiantes se
organizaron de forma democrática para la toma de decisiones. En decenas
de escuelas y facultades surgieron asambleas de base. La organización de
la AEU dejó finalmente lugar al Consejo General de Representantes
(CGR), y de Huelga después (CGH). El CGH se basaba en el principio de
delegados con mandato, rotativos y revocables, votados por las asambleas
de base o Comités de Huelga (CH), siendo cada escuela soberana en
cuanto a la asignación de sus cinco representantes. Los mismos debían
llevar al CGH el mandato de sus escuelas, aunque el mismo estaba abierto
a la palabra de cualquier huelguista y organización solidaria, que
tenía la voz generalmente al inicio de la sesión.
Esta forma de organización fue el resultado de la
tradición acumulada en el estudiantado mexicano, particularmente del
Consejo Nacional de Huelga de 1968. Aunque en esa ocasión el movimiento
alcanzó un carácter nacional, también hay que considerar que los
representantes no tenían un carácter rotativo, distinto en ello al CGH
de 1999-2000. La experiencia mexicana (la del ‘68 como la del ‘99) es
diferente y superior a la de otros estudiantados del continente con
formas organizativas burocráticas –como son la mayoría de las
federaciones y centros de estudiantes–, donde tras la supuesta
democracia del voto cada año, se impide la real participación política
de la mayoría estudiantil. La fortaleza, extensión y capacidad de lucha
de la huelga del ´99 estuvo basada en la existencia de un organismo de
democracia directa, el CGH, que mediante los principios de mandato,
revocabilidad y rotatividad facilitó que se expresase directamente la
posición y el estado de ánimo de la base estudiantil.
Esto permitió controlar la acción de las distintas
corrientes políticas y en particular las afines al PRD, que desde antes
del estallido de la huelga buscaron manipular las decisiones.
En los inicios del movimiento de 1999, el peso de estos
grupos era notable. En la causa de esto destacan dos cuestiones. Por una
parte, la influencia política e ideológica ejercida por el PRD sobre el
estudiantado, a partir del auge del cardenismo, vislumbrado por miles
de estudiantes como un fenómeno opositor al priato. Aunado a esto, la
influencia de grupos como el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y
la Red de Estudiantes Universitarios (REU), con tradición, cargos en los
Consejos Técnicos y el Consejo Universitario, y con una aceitada
presencia en la mayoría de las escuelas.
En las luchas previas, las direcciones del CEU en la
UNAM, enviados como representantes de asamblea, negociaban los pliegos
petitorios a puerta cerrada con las autoridades y volvían con los
resolutivos de levantamiento a sus planteles; que en algunos casos
tomaban ahí sin consultar con la base. Eso fue creando un descontento
que estalló contra el PRD en la huelga del ‘99.
La estructura que se dio el movimiento estudiantil
permitió que –aun en esos primeros momentos de hegemonía del ceuismo– el
estallido de la huelga se diera en contra de la voluntad del mismo,
como resultado del descontento creciente en la base estudiantil ante las
provocaciones de la rectoría. Las corrientes vinculadas al PRD
intentaron evitar, hasta el último instante, el inicio de la huelga,
apelando a confiar en cambiar la correlación de fuerzas en el seno de
las instituciones universitarias (como las sesiones del Consejo
Universitario) y presionando para continuar emplazando al diálogo al
rector Barnés, quien se negaba siquiera a conversar con los estudiantes.
Durante los meses siguientes, la masificación del
movimiento cegeachero y su organización democrática evitó que estas
corrientes montasen una estructura burocrática desde donde imponer su
política. Cualquier estudiante (independiente o miembro de cualquier
corriente), tenía que convencer a la asamblea de sus propuestas. El
control de la base estudiantil desde las asambleas fue fundamental para
impedir el triunfo de las maniobras de los jóvenes perredistas, en
particular sus propuestas de negociar el fin de la huelga a cambio de
promesas que en los hechos eran migajas que no resolvían el pliego
petitorio. Cada propuesta de diálogo con las autoridades, cada paso a
dar por parte del movimiento se sometía a la discusión y decisión de las
asambleas; los delegados llevaban a sus comités y asambleas las
distintas posturas vertidas en el CGH, y sobre esa base los que
sostenían la huelga día con día resolvían los pasos a dar. Los delegados
al CGH, independientemente de que tenían derecho de verter sus
posiciones particulares, debían votar la postura de su escuela. En el
CGH se resolvía de acuerdo a las posturas que reunían el apoyo de una
mayoría de escuelas. La mesa de las plenarias se resolvía mediante
sorteo y estaba sujeta a la remoción en la misma sesión. Aunque esto no
siempre funcionaba así, y estaba sujeto a discusión y corrección
constante, era una organización fundamentalmente democrática. Se trataba
de un ejercicio de democracia directa que a algunos se les antojaba
“lento”, pero la realidad es que ese calificativo expresaba la molestia
por los “candados” que impedía que un pequeño grupo tomase decisiones
“ejecutivas” a su antojo, y por encima del sentir de la base
estudiantil. Basado en este principio, todo intento por negociar
“saltándose” la decisión del CGH fue desautorizado. Otro aspecto que
resaltan los críticos del CGH es la rotatividad y revocabilidad; dicen
que eso impidió el surgimiento de una dirección con “experiencia” o
incluso “interlocutores” para la negociación. Parecería expresar una
molestia con la carencia de una “dirección” que actuase por encima de la
base estudiantil; sin duda surgieron activistas reconocidos en cada
escuela y facultad, y los mismos sostenían sus posturas políticas,
individuales o de su organización; y en algunos casos su nivel de
“exposición mediática” los volvía “interlocutores” de los medios de
comunicación y aparecían como los “líderes”. Pero ninguno de ellos
estaba ubicado por encima de su asamblea, sino que debía sujetarse a la
misma y, si sostenían posturas a nombre del movimiento sin basarse en
los resolutivos, eran criticados por cualquier estudiante en su CH o en
el CGH. La rotatividad y revocabilidad coadyuvó también a la
politización del movimiento estudiantil: fueron miles los delegados
representantes de sus asambleas, durante casi un año de lucha.
Prácticamente cualquier huelguista podía sostener los argumentos de su
lucha ante la prensa, las autoridades y la población. Esto le dio al
movimiento una fortaleza impresionante, surgía una generación politizada
que no caía en las trampas del gobierno.
Recientemente, en el movimiento #YoSoy132 se escucharon
voces de críticos del “asambleísmo” cegeachero; no casualmente algunas
de esas voces provienen de individuos y organizaciones vinculadas a lo
que en la huelga se conoció como el ala “moderada”, y la crítica del
asambleísmo parece, en esos casos, una defensa encubierta de los métodos
burocráticos de funcionamiento.
Estos mecanismos se expresaban también en la negociación
con las autoridades. La demanda de diálogo público, abierto y
resolutivo, enarbolada por el CGH y el CNH en su momento, fue de las más
resistidas por la rectoría, que buscaba “interlocutores” que pudieran
ser corrompidos o “convencidos” de levantar la lucha, sin el control de
la base estudiantil. El CGH buscaba con un diálogo “de cara a la nación”
propagandizar sus demandas y a la vez evitar que se traicionara los
puntos del pliego petitorio. La designación de las comisiones de diálogo
era mediante sorteo; cuestión resistida por distintas corrientes que,
bajo el argumento de “que vayan los más preparados”, ponía en peligro
los principios democráticos del Consejo.
Si el funcionamiento del CGH facilitaba que se reflejase
directamente el posicionamiento de la base estudiantil, esto se expresó
en que, conforme transcurrían las semanas, al calor de la cerrazón de
las autoridades y de los ataques de los gobierno federal del PRI y
capitalino del PRD, el movimiento tendió a radicalizarse. El activismo
que sostenía la huelga y se vinculaba por fuertes lazos al conjunto de
la comunidad universitaria y sectores de la población, se enfrentaba
cada vez más fuertemente con las corrientes que se esforzaban por
levantar la huelga y que recibieron el nombre de “moderadas”. La
radicalización del CGH no fue entonces el resultado de una operación
maquiavélica de las corrientes políticas “ultras”, sino la evolución de
un movimiento, nutrido por miles de activistas estudiantiles, que
luchaba por la educación para todo el pueblo de México, enfrentaba de
manera intransigente las maniobras de la rectoría y de las corrientes
“moderadas”, y radicalizaba sus acciones de lucha.
En el CGH actuábamos colectivos y agrupaciones de
izquierda (2), pero la influencia que eventualmente alcanzaban las
distintas propuestas, era el resultado de ser parte de un proceso real
de la base estudiantil, algo opuesto a la “leyenda negra” de una “ultra”
que llegaba de afuera e imponía –quien sabe cómo– sus posiciones. De
igual forma, las corrientes moderadas (u otras como los llamados
“ultramoderados”, grupos que se consideraban socialistas y que llamaron a
“flexibilizar” la lucha), fueron no sólo rebasadas por la dinámica del
movimiento, sino que los miles de estudiantes que sostenían la ocupación
de planteles dieron la espalda a sus propuestas.
El basamento de las asambleas permitió también que –aun
en los momentos en que el movimiento tendía a reducirse o aislarse– se
discutiera cómo reimpulsarlo. Las comisiones y brigadas emanadas de los
comités de huelga jugaron un rol importantísimo en llevar las demandas
del movimiento a los sectores populares, y el método asambleario fue
fundamental para sostener la huelga, apelando al sentimiento democrático
del estudiantado, cuando la rectoría intentó distintas maniobras para
retomar las instalaciones, como en enero del 2000.
Quienes atacan al CGH y a la huelga que éste organizó,
deberían reconocer que la lucha de 1999-2000 y la organización
democrática desde las bases, logró más de lo que lograron durante muchos
años (antes y después del ‘99) los consejeros técnicos estudiantiles
vinculados al PRD y sus “redes universitarias”: mantener la gratuidad de
la educación, a pesar de que la misma ha sido torpedeada por cobros
encubiertos y mecanismos de elitización promovidos por De la Fuente
primero y Narro después. Resaltar los aspectos ejemplares del CGH, no
quiere decir que en el transcurso de la lucha no hubo fuertes
discusiones al interior del mismo sobre su funcionamiento. En
particular, desde Contracorriente, criticamos muchas veces que, a través
de las llamadas “comisiones” (como la Comisión de Prensa) supuestamente
dedicadas a cuestiones “logísticas” u “operativas” se expresaban –sin
que hubieran sido sometidos a discusión y votación–, los
posicionamientos de determinadas corrientes políticas. Esto es también
una lección para el #YoSoy132, donde las comisiones de “logística” no
pueden convertirse en una instancia que se eleve por encima del
movimiento, lo que permitiría el naciente desarrollo de un sector por
fuera del control de las asambleas.
Al mismo tiempo que rescatamos el carácter asambleario
del movimiento del ‘99, sostenemos que su capacidad de acción residió en
que alcanzó un grado de centralización y de resolución en la toma de
decisiones. El CGH era la dirección reconocida; independientemente de
que sus delegados cambiaban constantemente, la toma de decisiones iba
desde las escuelas hasta el Consejo, y se resolvía mediante votaciones
de mayoría. Aunque en determinado momento se consideró como consenso una
mayoría de 28 escuelas, el mecanismo era el de votación después de un
tiempo amplio de discusión y debate. En un material publicado por
Contracorriente en el año 2000, en ocasión del Encuentro Internacional
de Estudiantes realizado en El Mexe, Hidalgo, decíamos “Por otro lado,
la organización del CGH muestra la superioridad de la organización en
base a los delegados revocables y con mandato frente a las corrientes de
tipo “autonomista” que operan en el movimiento estudiantil de varios
países y que sostienen el asambleísmo permanente y se oponen a toda
centralización y “delegación”, con ideas que recuerdan la precapitalista
“democracia rousseauniana”. Por el contrario, la democracia directa que
utilizó el CGH recupera las mejores tradiciones de autoorganización que
supo gestar el movimiento obrero y de masas durante el siglo XX, como
fueron los soviets rusos en 1905 y 1917, los consejos obreros italianos
en 1920, los consejos de la revolución húngara de 1956 o los cordones
industriales chilenos en 1973, por tomar algunos de los ejemplos más
relevantes. Estos casos muestran la forma en que los trabajadores
resolvieron históricamente el desafío crucial, en situaciones de ascenso
generalizado de la clase obrera y de otros sectores explotados, de
armonizar reivindicaciones y distintas formas de lucha, aunque sólo
fuese en los límites de una ciudad, ya que los soviets o consejos son
organismos que unen a representantes de los distintos sectores en
lucha.”(3)
4. La defensa de la educación pública y el cuestionamiento a los planes contra la educación
El aumento de cuotas en la UNAM fue la expresión en
nuestro país de la ofensiva sobre la educación pública y sobre la
llamada “universidad de masas” imperante durante la segunda posguerra en
nuestra región. El proyecto impulsado por el Banco Mundial en sus
recomendaciones en el terreno educativo pretendía reconvertir la
universidad en función de los intereses de las grandes empresas. Durante
toda la década de 1990 esto se mostró en una serie de medidas
restrictivas y elitistas, tendientes a acabar con las conquistas de la
educación pública que aún persisten en los países latinoamericanos. En
ese marco se inscribieron, por ejemplo, el proyecto Barnés de aumento de
cuotas, los cobros encubiertos, así como la creciente restricción a la
matrícula (donde el examen de ingreso continua actuando como un filtro
que deja fuera a la mayoría de los aspirantes) y las reformas de 1997
por las que se eliminó el pase automático entre el bachillerato de la
UNAM y las licenciaturas. Disfrazado bajo un discurso “populista” de
derecha contra los privilegios de los estudiantes universitarios, se
proyectaba reducir aún más el acceso a la universidad de los sectores
medios, populares y de la minoría de hijos de trabajadores que podían
acceder a la misma.
Junto a esto, los planes contra la educación pública del
Banco Mundial en América Latina, implicaron una mayor subordinación del
conocimiento y la investigación científica a los grandes monopolios. En
este terreno se inscribieron las reformas a los planes de estudio, la
supervisión de la evaluación por parte de organismos privados, el
financiamiento privado de las investigaciones; ejemplo de ello fueron el
CENEVAL o la participación de los institutos de investigación en
proyectos “auspiciados” por empresas privadas, todo lo cual el CGH
denunció durante la huelga.
En ese marco se dio el estallido de la huelga y el
pliego petitorio del CGH. El mismo contemplaba 1) Abrogación del
Reglamento General de Pagos y eliminación de todo tipo de cobros 2)
Derogación de las reformas de 1997, lo cual implicaba eliminar el límite
de permanencia y restablecer el pase automático 3) Congreso democrático
y resolutivo acatado por la rectoría 4) Desmantelamiento del aparato
represivo y de espionaje de las autoridades, y eliminación de actas y
sanciones 5) Recuperación del semestre y cancelación de las clases
extramuros y 6) Rompimiento con el CENEVAL y eliminación del examen de
ingreso, punto que fue agregado 2 semanas después del inicio de la
huelga. El pliego petitorio (PP) expresaba una lucha por los principios
de gratuidad, contra el limitacionismo restrictivo del ingreso, la
elitización de la educación superior y contra las instituciones
universitarias. Atacaba lo esencial de los planes contra la educación
pública y perseguía la lucha por una democratización de la universidad
que implicaba, como primer paso, cuestionar el control de la rectoría
sobre todas las decisiones de la comunidad. Este pliego era parte de un
sentir más amplio expresado en una serie de demandas que emergieron al
inicio de la huelga en un gran número de asambleas, nutriendo una
plataforma de lucha de más de 30 puntos. Con el correr de las semanas el
PP se transformó en la bandera de lucha de los estudiantes huelguistas,
quienes no dudaban de sostener la huelga hasta su resolución íntegra y
efectiva. El intento de la rectoría fue desactivar la huelga con la
promesa de que las cuotas serían “voluntarias”, pero los estudiantes
consideraron, correctamente, que el principio de gratuidad no estaba
garantizado con esa promesa, y que dicho principio iba íntimamente
vinculado a la lucha contra las medidas elitizadoras como las reformas
del ‘97 o el CENEVAL. Desde Contracorriente participamos y defendimos el
pliego petitorio en tanto expresaba esta lucha progresiva, al mismo
tiempo que decíamos que esas demandas eran el punto de inicio de un
programa que iba más allá, que debía luchar por una universidad al
servicio de los trabajadores, los campesinos, el pueblo y sus luchas.
5. “Ultras” y “moderados”, estrategias en el movimiento estudiantil
A partir del 20/4, el CGH se convirtió en un actor
fundamental de la escena política nacional. Durante los meses siguientes
se realizaron numerosas movilizaciones multitudinarias; por mencionar
algunas de las primeras: el 24/4, el 1º de mayo, o el 12/5, donde
participaron 100,000 personas. Centenares de brigadas y miles de
brigadistas, recorrían las calles, los mercados, las colonias y el
transporte público, difundiendo sus demandas y recogiendo la simpatía
popular ante un CGH que se proponía luchar por la educación para todo el
pueblo. Los planteles y escuelas eran un hervidero de discusión y
debate constante, y se consumaba un despertar político y cultural para
miles de jóvenes. La huelga se sostenía con el boteo y con la
solidaridad material de muchas organizaciones populares, sociales y
sindicales, las cuales también realizaban movilizaciones y acciones en
solidaridad, como las que hicieron los trabajadores del IPN, del Colegio
de Bachilleres y distintas universidades de todo el país. Junto a esto,
el CGH tendía lazos nacionales e internacionales: en las primeras
semanas se realizaron 3 Encuentros Nacionales Estudiantiles en Ciudad
Universitaria; el 25/4 fue el primero de ellos, donde 15 universidades
refrendaron su apoyo al movimiento de la UNAM; días después, 20
sindicatos universitarios manifestaron su apoyo al CGH y el STUNAM
acordó brindar ayuda y no prestarse a las actividades extramuros. El
CGH, en tanto, se reunía constantemente, con sesiones donde se sucedían
las propuestas políticas para ampliar el movimiento y sacarlo de las
aulas universitarias, y se generaba un acalorado debate en torno al
curso del mismo. La convicción era clara y se iba cimentando día a día
en la ocupación de los planteles y en las brigadas; exigir la resolución
del pliego petitorio, primer paso hacia una democratización de la
universidad. En ese marco, surgían discusiones y posturas más
radicalizadas que avanzaban hacia el cuestionamiento de la sociedad de
clases. Pero es importante considerar que, contrario a la ridiculización
montada por quienes sostenían que en el CGH primaba la estrategia de
“HPP” (“huelga popular prolongada”), si ésta se extendió en el tiempo,
se debió a la cerrazón de las autoridades y a que cada una de las
propuestas formuladas por Barnés, los académicos y los sectores
“moderados”, era visualizado como una trampa al no resolver los seis
puntos del pliego petitorio.
Desde febrero las corrientes afines al PRD, vinculadas
al gobierno capitalino de Cuauhtemoc Cárdenas, intentaron –como
explicamos al inicio– evitar el estallido de la huelga, conduciendo el
descontento estudiantil hacia la confianza en una mesa de diálogo con
Barnés. Era evidente que la única forma de frenar el RGP y obligar a
Barnés a negociar, era mediante una acción decidida que mostrase la
fuerza estudiantil, para lo cual había que organizar la huelga y retomar
las mejores tradiciones de autoorganización del movimiento estudiantil
mexicano, cuestión que desde Contracorriente propusimos en las primeras
sesiones de la AEU y del naciente CGH, denunciando las maniobras
burocráticas de los perredistas, muchas veces toleradas por otras
organizaciones universitarias. Sin embargo, una vez decidida la huelga,
los llamados “históricos” (las corrientes perredistas que venían de la
huelga del ‘87) intentaron forzar su rápido levantamiento, alertando
contra un “desgaste” a todas luces inexistente, y buscando que el CGH
redujera sus demandas al primer punto del pliego. Estas corrientes
buscaban aceptar las promesas de Barnés sin ninguna garantía de
cumplimiento, y presentar los ofrecimientos de aquel –que burlaban las
demandas originales–, como éxitos del movimiento. Violando los
mecanismos democráticos los dirigentes perredistas se autoerigieron en
“voceros” del movimiento, lo que provocó el desconocimiento de toda
posición que no surgiera estrictamente de los órganos del CGH.
A partir de junio se sucedieron las propuestas de salida
al conflicto, que fueron discutidas extensamente en el CGH bajo la
presión constante del ala “moderada”. El 7/6, el Consejo Universitario
(CU) modificó el RGP y estableció las cuotas como “voluntarias” de
acuerdo a “las posibilidades de cada quién”. El día 9 una amplia mayoría
de asambleas rechazó las modificaciones propuestas. El CGH consideraba
que no resolvían ni siquiera el punto 1 del pliego, ya que no
garantizaban la gratuidad de la educación universitaria, y que sólo
mediante un Congreso Democrático se resolverían las demandas de la
huelga (4). La propuesta del CU desató una ofensiva de académicos,
intelectuales y periodistas llamando a que el CGH dejase de lado la
“intransigencia”; como Octavio Rodríguez Araujo que afirmó que
“razonablemente, la huelga ya no es necesaria” (La Jornada, 10/6/1999).
En contraste con esto, el mensaje del CGH en la multitudinaria
movilización de ese día, que congregó a decenas de miles de estudiantes
organizados en cuatro columnas, sostuvo “Que lo entiendan bien el
gobierno y sus funcionarios en la UNAM: no estallamos la huelga para
entrar a regatear que cosas se cobran y cuales; si se cobran a más o a
menos. Estallamos la huelga por la gratuidad, y no daremos marcha atrás
hasta lograrla. Nuestra lucha es por el un derecho de todos a estudiar,
es por la gratuidad de la educación en nuestra universidad…” (La
Jornada, 11/6/1999). Pocos días después, el organismo estudiantil
resolvió continuar la huelga hasta el cumplimiento satisfactorio e
incondicional de los seis puntos del pliego petitorio. Las propuestas
“alternativas” que surgieron desde la rectoría, los académicos y los
sectores moderados coincidían –más allá de los matices existentes– en
proponer el levantamiento de la huelga a cambio de enviar a foros de
discusión o a un eventual congreso universitario, los puntos exigidos
por el CGH. Por ejemplo, el Partido Obrero Socialista, propuso –bajo el
fundamento de un “desgaste de la huelga”– el levantamiento a cambio de
un posterior Congreso, cuyas características fundamentales (por ejemplo
si sería resolutivo o no) emanarían de la decisión de un referéndum.
Estas propuestas fueron rechazadas por el CGH por
considerar que no resolvían satisfactoriamente el PP, basándose en la
experiencia estudiantil de 1987 –donde las demandas terminaron siendo
desconocidas por la rectoría– y en la larga tradición de maniobras
traicioneras del priato, como las que sufrieron los zapatistas con los
Acuerdos de San Andrés.
A partir del posicionamiento del Consejo ante estas
salidas, los ataques políticos y mediáticos involucraron –ya no sólo a
la rectoría y al PRI-PAN– sino también al PRD, a académicos e
intelectuales vinculados a ese partido y a la gran mayoría de los medios
de comunicación. Lamentablemente, la dirección del EZLN también atacó a
la “ultra”. El CGH, mientras enfrentaba los intentos por forzar el
levantamiento de huelga, debió buscar las vías para fortalecer el
movimiento, superando el aislamiento, procurando nuevas alianzas y
sacando la huelga a las calles.
En ese contexto, lo que estaba por detrás de la
confrontación entre ultras y moderados no era “la histeria
ultraizquierdista” como la definió Carlos Monsiváis, ni la mano de
Gobernación, como afirmó el intelectual Jaime Avilés. Lo que estaba en
juego eran dos perspectivas antagónicas respecto a la lucha.
Por un lado, la de las corrientes “moderadas” que
buscaron restringir la huelga a una lucha reivindicativa y acotar sus
demandas –por ejemplo pasando de exigir la resolución de los seis puntos
a uno solo– para lograr un rápido levantamiento, en la medida que
mantener el paro estudiantil generaba inestabilidad en la transición
política en la que estaban comprometidos los tres principales partidos.
Bajo esa lógica política, toda lucha por cambiar la estructura
antidemocrática de la universidad era presentada como ajena a la misma
huelga, y se pretendía diferirla a un futuro congreso Universitario.
Asimismo, la articulación de la lucha universitaria con lo que sucedía
fuera de los muros de la UNAM era visto como un delirio
ultraizquierdista.
De otra parte, la perspectiva que se identificó como
“ultra” no era otra que la dinámica que asumió la huelga, sostenida
férreamente por un movimiento estudiantil decidido a obtener la
resolución de sus demandas inmediatas. Este posicionamiento no sólo
cuestionaba la estructura universitaria sino al mismo régimen dirigido
por el PRI, que era el principal sostén de los planes de la rectoría.
Junto a ello, cabe recordar que “la lucha de los estudiantes de la UNAM
contra los planes imperialistas, la represión y por democratizar la
Universidad actuaron como caja de resonancia del conjunto de las
contradicciones sociales” (5), lo cual –agregamos– generó una amplia
simpatía en sectores de los trabajadores y el pueblo, como se manifestó
en distintas acciones de solidaridad y conjunción en las calles, y era
una hipótesis plenamente factible que la huelga actuase como un
catalizador del descontento obrero y popular contra el antiguo régimen
del priato (6).
6. De la independencia política del movimiento a la represión del “demócrata” De la Fuente
Si al inicio de la huelga las corrientes afines al PRD
contaban con gran ascendencia, la evolución de los acontecimientos llevó
al movimiento a alcanzar una importante definición: la ruptura con el
PRD y la independencia política respecto a los distintos partidos del
Congreso, incluido el “sol azteca”. Se hizo una experiencia con las
maniobras y trampas del perredismo, las cuales llevaron al
enfrentamiento dentro del CGH y a la separación de algunos de los
representantes y dirigentes de aquel. Aún en los casos que se
mantuvieron en el movimiento, su incidencia sobre el curso del mismo
decreció significativamente. El CGH asumió un curso de radicalización
política, rompiendo con la larga tradición de influencia perredista
sobre el movimiento estudiantil. Esta situación generó una campaña de
calumnias y de artículos al estilo de “disparen sobre el CGH”, por parte
de los medios de comunicación e intelectuales afines a aquel partido.
Uno de los ejes de esta campaña –que tiene repercusiones y continuidad
en las referencias del presente– es que la “ultra” fue responsable del
aislamiento y de la derrota. Veremos a continuación que ambos argumentos
eran falsos y que encubrían la responsabilidad de otros actores
políticos y sociales.
El 12 de noviembre el movimiento obtuvo un importante
triunfo: la renuncia de Barnés. La estrategia del gobierno y la rectoría
desde el 20/4 se basaba en una línea dura, que incluía el
desconocimiento del CGH y la persecución de los activistas, y que
apostaba a que el aislamiento impusiese el levantamiento de la huelga.
La renuncia de Barnés mostró el fracaso de esta política. La asunción de
Juan Ramón de la Fuente, con un perfil “conciliador” (venía de
“negociar” la privatización de áreas en Salubridad) señaló que el
gobierno apuntaba al mismo objetivo que antes, mediante medios
“democráticos”. En diciembre se organizó una farsa de diálogo en la
cual, a pesar de ello, el CGH logró que la rectoría lo reconociese como
interlocutor válido, algo retaceado en los meses previos. La caída de
Barnés mostraba lo correcto de mantener la lucha.
En ese contexto, el “aislamiento” cuya responsabilidad
le atribuían a la “ultra” era en realidad el resultado de que muchas
direcciones sindicales y políticas no impulsaban la solidaridad efectiva
con los estudiantes que luchaban por la educación pública, cuando estos
más la requerían. No fue un hecho menor la negativa de direcciones
sindicales como la del STUNAM a estallar la huelga universitaria
unificada (7).
En esos momentos, desde Contracorriente insistimos que
la clave para obligar a la rectoría a aceptar las condiciones del CGH
era mantener la dinámica de movilización y de vinculación con los
trabajadores y sectores populares; por eso planteamos por ejemplo la
realización de una Asamblea llamando a las organizaciones obreras y
sociales a sumarse a la misma; a la vez que proponíamos luchar por un
diálogo abierto, público, democrático y combativo (y por supuesto sin un
solo preso del movimiento), en contra de la intención de De la Fuente
de entrampar al CGH en un diálogo en “lo oscurito”.
En ese contexto, inició una ofensiva “democrática” de la
rectoría que, lejos de aceptar las condiciones que el CGH solicitaba
para el dialogo, convirtió a éste en una verdadera trampa para presentar
al CGH como “intolerante” y anunciar la realización de un plebiscito.
El mismo, convocado para el 20 de enero, pretendía generar una presión
social insostenible para obligar al levantamiento de la huelga. Dicho
plebiscito –donde votaban los rompehuelgas y funcionarios del gobierno–
contó con el apoyo del PRD y sus intelectuales afines. “La política de
De la Fuente tenía el objetivo de crear las condiciones políticas para
justificar la represión, y no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión
de fondo. La decisión del CGH de rechazar el plebiscito y convocar a su
propia consulta fue totalmente justa. ¡Qué gran experiencia para el
movimiento de masas mexicano ver las trampas “democráticas” que es capaz
de montar el régimen del PRI-PAN-PRD para liquidar una huelga
contrapuestas al Consejo General de Huelga basado en la democracia
directa de los que luchan!” (8).
Después del plebiscito, De la Fuente intentó quebrar la
huelga utilizando a los estudiantes no paristas; sin embargo, los
huelguistas lograron confraternizar con aquellos, y se quebró esta
maniobra formando el Frente Estudiantil Justo Sierra, integrado por
huelguistas y no huelguistas. De inmediato vinieron acciones
generalizadas de provocación y represión, como la toma en Prepa 3, donde
la acción porril fue seguida de la incursión de cientos de Policías
Federales y la detención de mas de doscientos estudiantes. Esto fue
jugada del gobierno para aprisionar a los principales dirigentes del CGH
y el ala dura que sabían llegaría a defender el plantel. Los
estudiantes resistieron la toma de la policía unas horas, pero
finalmente fueron detenidos y trasladados al reclusorio.
Ante ello, y “frente a la perspectiva de una represión
generalizada, sectores de clase media y pueblo pobre de la ciudad de
México rodearon de apoyo a los estudiantes en la multitudinaria marcha
del 4 de febrero. Resurgía así un movimiento democrático en defensa de
los estudiantes y su lucha, y por la libertad de todos los presos: el
CGH se había convertido en una nueva bandera democrática de sectores de
las masas, como los había sido el levantamiento campesino chiapaneco en
el ’94. Frente a la emergencia del movimiento democrático, y para
intentar anticiparse a su desarrollo, el rector convocó a una nueva
reunión con el CGH con una delegación reducida y a puertas cerradas,
para el viernes 4 de febrero. Su objetivo era “demostrar” una vez más su
voluntad “dialoguista” y la “intransigencia” del CGH.” (9).
El 6 de febrero, 2,500 efectivos de la recién fundada
Policía Federal Preventiva ocuparon las instalaciones universitarias,
invadiendo el auditorio Che Guevara (donde sesionaba el CGH) y apresando
a más de 1,000 estudiantes, quebrando la huelga. La represión fue el
resultado de la ofensiva gubernamental y de las trampas “democráticas”
de De la Fuente, avaladas y/o toleradas por muchos que cuestionaban al
movimiento por la “intransigencia” con que se defendía el derecho a la
educación gratuita y que en algunos casos (como Elena Poniatowska y
Carlos Monsiváis) se arrepentirían públicamente de haber apoyado la
postura de De la Fuente. Durante los días siguientes, surgió un
movimiento democrático de masas que, con la movilización de más de
150,000 personas, obligó a la liberación de la mayoría de los detenidos;
durante los meses siguientes, la solidaridad nacional e internacional
(expresada por ejemplo en el I Encuentro Internacional de Estudiantes
realizado en El Mexe) terminará de arrancar a los últimos presos
políticos del movimiento.
7. Estrategia y política en el CGH
Como decíamos antes, la definición de “ultra” fue un
descalificativo utilizado por el oficialismo, la derecha empresarial y
la prensa incluida la que se ostentaba como “progresista”
–particularmente después de la ruptura con el PRD– para denostar y
ridiculizar al movimiento. Lo que estigmatizaban como “ultra” era en
realidad una amplia vanguardia estudiantil que mantuvo la huelga, logró
frenar la imposición de cuotas (triunfo que los “moderados” no pueden
adjudicarse) y contó con el apoyo de amplios sectores de la población,
como se expresó no sólo en las marchas al inicio del movimiento, sino en
las multitudinarias movilizaciones que “abrazaron” y “acuerparon” al
CGH después de la represión del 6/2/2000.
De este movimiento nos hicimos parte distintas
agrupaciones y colectivos de izquierda, identificadas por el activismo
como organizaciones que participaron de la huelga hasta el final, y
entre las cuales existían diversas perspectivas y propuestas políticas,
las cuales estaban sujetas a discusión constante. Desde Contracorriente
consideramos fundamental lograr la resolución íntegra y efectiva del
pliego petitorio, fortalecer los mecanismos democráticos, defender la
independencia política del CGH, desarrollar alianzas con los
trabajadores y sectores populares para romper el aislamiento de los
últimos meses de la huelga, y evitar caer en las trampas y maniobras de
rectoría. A la vez que, como miles de activistas, luchábamos por el
triunfo de las reivindicaciones inmediatas de la huelga –a partir de lo
cual estaría planteado su posterior levantamiento–, considerábamos
fundamental que el CGH, una institución que enfrentó las trampas y
partidos de la transición democrática, asumiese una perspectiva
estratégica, internacionalista y de unidad con los trabajadores. Como
parte de eso, propusimos actividades internacionalistas al CGH como fue
la movilización en apoyo a los anticapitalistas de Seattle (que fue
reprimida por los granaderos del “democrático” gobierno perredista del
DF) y avanzar en una coordinación y la unidad de acción con los
trabajadores. Sabemos que asumir esa perspectiva no hubiese garantizado
la unidad y confluencia en lo inmediato con la clase obrera ni
garantizado en sí mismo el triunfo de la lucha. Pero como planteamos en
aquel momento, “el sólo plantearlo firmemente como estrategia hubiera
transformado al CGH en una organización muy superior a la que fue, y hoy
la experiencia, las lecciones de lucha y las perspectivas para el
conjunto de la situación mexicana, por los lazos que se hubieran
establecido con los trabajadores, serían infinitamente mejores.” (10)
8. La lucha del CGH y el movimiento #YoSoy132
Como planteamos en otro artículo, el movimiento del
‘99-2000 dejó importantes lecciones para los movimientos posteriores, y
en particular para el #YoSoy132. Sin duda, este último guarda
diferencias que no pueden ser ignoradas. Por ejemplo, la demanda motora
del #YoSoy132 no es la gratuidad de la educación (la cual por cierto
debería ocupar un rol central para dar respuesta a los miles de
excluidos de la misma y para sumarlos al movimiento), sino que cuestiona
aspectos de la antidemocracia imperante en el conjunto de la escena
política nacional, como es el carácter servil de los medios de
comunicación y la “cargada” para el regreso del PRI a Los Pinos.
En las páginas anteriores, escribimos ampliamente sobre
los principios fundamentales del CGH; los mismos no pueden ser
considerados como meras “particularidades” del momento, sino que
constituyen definiciones políticas de gran importancia que podrían ser
discutidos y aprehendidos por el movimiento actual.
En primer lugar, la democracia directa como principio
fundamental: las asambleas de base con delegados revocables, rotativos y
con mandato, y con una organización centralizada, superior, que
responde al mandato directo de la base. Ya mencionamos que, a nuestro
entender, eso permitió expresar de forma más o menos directa la
orientación del movimiento, y cada organización o individuo podía
plantear allí sus propuestas sin violentar el mecanismo democrático de
funcionamiento. El #YoSoy132, por su parte, asumió como principio de
funcionamiento las asambleas de base, sin embargo las asambleas
generales no han votado sobre la base de los mandatos de asambleas
locales. Recientemente, distintas asambleas locales han votado dar
“margen” para que los voceros voten de acuerdo a su criterio, en tanto
que en algunos casos, los voceros se han mantenido durante semanas.
Disentimos con esta manera de ver las cosas, que en nombre de “agilizar”
y “hacer operativo”, puede permitir que las decisiones que se tomen no
respondan al mandato de la base y termina haciendo que las decisiones
recaigan en el “criterio” de los delegados; aunque es verdad que toda
decisión central puede ser remitida a las asambleas locales, esto no es
lo más conveniente ya que estas pueden terminar fungiendo en organismos
de ratificación o rectificación, con un carácter más bien consultivo.
Esto en un contexto donde las asambleas locales han decrecido en el
número de participantes, en gran medida por el fin de clases. Aunque
muchos compañeros y compañeras pueden confiar en que las asambleas van a
vigilar a sus voceros, desde nuestro punto de vista puede ser utilizado
para el encumbramiento de un sector, lo cual está asociado con el
posicionamiento del PRD y sus grupos afines frente al movimiento. No es
casual que estos grupos (como Militante, el GDR o el MORENA) iniciaron
una cruzada contra cualquier reivindicación de la huelga y atacaron a
las “corrientes” (¡como si ellos no fueran “corrientes”!), violentando
un derecho elemental de cualquier movimiento de lucha que pretenda
funcionar democráticamente: que las organizaciones políticas e
individuos puedan plantear libremente sus posiciones y pelear por ellas.
Por otra parte, los mismos que en el ´99 intentaron sin éxito quebrar
los mecanismos de decisión democrática e imponer las posturas del comité
del PRD, ahora influyen sobre el posicionamiento público del movimiento
a partir de su “operación” en determinadas instancias del mismo, como
son las comisiones y las declaraciones públicas del #YoSoy132.
La segunda cuestión que queremos plantear es la
independencia política alcanzada por el CGH. El CGH era independiente no
sólo del PAN y del PRI, sino del PRD, criticando abiertamente a este
partido y, en particular, su labor para lograr el levantamiento de la
huelga. Esto, en momentos donde la “transición pactada” entre aquellos
era un mecanismo central para desviar el descontento con el viejo priato
hacia la alternancia electoral de julio del 2000. El CGH se constituyó
así, en los hechos, como la principal institución política con
influencia de masas, que enfrentó la transición pactada. En el #YoSoy132
hay una discusión en torno a la ubicación frente a los partidos; los
mismos grupos que operan para frenar la democratización del movimiento
son los que impulsaron una agenda política que, con eje en el “voto
útil”, pretendió darle al movimiento el carácter de una fuerza
formalmente “no partidaria” pero políticamente solidaria con el PRD, y
por ende funcional a éste. Desde Contracorriente respetamos el sentir de
muchos estudiantes que forman parte del movimiento y consideran votar
por AMLO como una alternativa frente al PRI y al PAN, aunque nosotros,
como muchos saben, diferimos de esta postura y llamamos al voto nulo.
Pero creemos que -más allá del posicionamiento de cada integrante del
movimiento (o las organizaciones que participan en el mismo) tiene
derecho a asumir-, es fundamental mantener la independencia política del
movimiento respecto a los partidos del régimen y centrarse en la
movilización y la unidad con los trabajadores y los sectores populares;
eso será muy importante para ampliar el #YoSoy132, y también darle una
perspectiva a la resolución de las demandas, como la lucha contra el
fraude y por la democratización de los medios masivos de comunicación.
Vimos con simpatía que muchos activistas del movimiento
que son votantes del Movimiento Progresista, coincidían con la necesaria
independencia del #YoSoy132; sin embargo la operación política de
muchos grupos intentó llevar al movimiento a convertirse en una fuerza
afín a AMLO. Desde nuestro punto de vista los procesos de movilización
que en los últimos años fueron conducidos hacia la confianza en la labor
de la “oposición” burguesa como el PRD o el PRI, terminaron
lamentablemente frustrados en sus reivindicaciones. El #YoSoy132 tiene
como uno de sus desafíos –si lo que se pretende es conformar un
movimiento que luche contra la antidemocracia y la represión–asumir la
necesidad de vincularse con los trabajadores y los sectores populares, y
dejar de lado cualquier confianza en los partidos patronales,
defensores de un sistema político que, por más que se “democratice”,
defiende los intereses de los capitalistas y las transnacionales contra
el pueblo trabajador.
Retomar estas cuestiones que asumieron como propias
muchos estudiantes integrantes del CGH del 99-2000, puede ser de crucial
importancia para el desarrollo del #YoSoy132. Gracias a los mismos el
CGH pudo, a pesar del aislamiento y de la represión institucional,
defender exitosamente el principio de gratuidad en la UNAM. Y
constituirse, a pesar de todos los errores que puedan haberse cometido,
en parte de la historia reciente del movimiento estudiantil, para ser
retomadas sus mejores lecciones, por las nuevas generaciones de jóvenes.
9. Perspectiva histórica y juventud revolucionaria
Los argumentos que se levantan tanto contra la
reivindicación del CGH como en oposición a las propuestas políticas que
formulamos en el actual movimiento los socialistas y distintos grupos de
izquierda de la UNAM, enfatizan en que este movimiento #YoSoy132 está
focalizado en la lucha contra la imposición de Peña Nieto y por la
democratización de los medios, y que “los de siempre” (es decir los
“ultras”) pretendemos trasnochadamente darle un carácter que no puede ni
debe tener. Los mismos que nos atacaban ayer por tener un discurso
“anticuado” que –según su visión– no empalmaba con la realidad, hoy nos
critican por pretender darle un curso radical al movimiento y que adopte
una perspectiva de subversión del orden existente. Pretenden que nos
conformemos con una postura reformista y que aceptemos las “directrices”
que los dirigentes autonombrados del mismo pretenden darle; esto,
mientras claman que queremos “romper asambleas” por el hecho de defender
nuestra postura con argumentos políticos, cayendo ellos en una actitud
totalitaria que pretende negar el elemental derecho a disentir. Que
nadie se engañe con la falacia de que los socialistas y los grupos de
izquierda intentamos “imponer” algo; estamos ante un debate abierto,
frontal y muchas veces nada diplomático en las asambleas, como lo que se
dio en la asamblea de Académicos, donde renombradas investigadoras
vinculadas al perredismo que hablan en sus libros del “socialismo del
siglo XIX”, se negaban a incorporar por ejemplo una demanda elemental
como es la solidaridad con los maestros en lucha.
Y nos preguntamos: ¿por qué los mismos que aplauden si
AMLO saluda a los maestros como parte de sus posturas electorales, se
niegan a que el movimiento asuma esas definiciones que apuntan a la
unidad obrero estudiantil? Porque su principal interés es evitar que
surja un movimiento estudiantil y juvenil no institucionalizado que
asuma como propias las demandas de los trabajadores y los campesinos, y
que pueda ir más allá de las justas demandas iniciales con las que
surgió. Ese es el fantasma del ‘99 que quieren conjurar apelando a todos
los recursos e incluso satanizando a la izquierda que participó en ese
capítulo de nuestra historia. Por eso también pretenden que los acuerdos
adoptados el 30/5 –que incluían demandas tan “estratosféricas” como la
solidaridad con el magisterio, la desmilitarización del país, el apoyo a
Atenco y, ¡horror!, la libertad de los presos políticos– queden sólo
como una expresión de deseo y no como demandas de la movilización.
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